La Coalición Cívica Universitaria nace como un grupo de alumnos de la Universidad Nacional de Cuyo que trabaja de manera abierta y republicana, para conformar un espacio plural, democrático y cívico que, desde la conciencia política y social respecto de la realidad que nos rodea, reivindique una política humanista y democrática.
Consideramos que la educación es el cimiento fundamental para desarrollar los invaluables conceptos de libertad e inclusión social. Todas las personas tienen derecho a recibir una educación pública, laica y gratuita, a conocer, a tener una formación que les permita valerse por sí mismos que los proteja de la manipulación y la prepotencia del poder. Es indispensable avanzar en la equitativa distribución del conocimiento: porque distribuir educación es también, sin dudas, distribuir riqueza.
Creemos en el papel de las Universidades como instituciones que exceden lo meramente educativo y pasan a ser transformadoras de la realidad social de nuestra Nación. Por eso defendemos una política educativa donde la distribución del conocimiento a partir del esquema de libertad de elección, la adecuada inversión, la transparencia, junto con la investigación y la capacitación docente, y la plena democracia en el co - gobierno universitario, constituyan los pilares de un nuevo paradigma cultural en materia de educación.
Educar es incluir, es también aprender, y es sin dudas enseñar para construir y consolidar la República. Y la República se consolida con transparencia y decencia a la hora de administrarla y gobernarla, y lo mismo ocurre con la Universidad.
Por eso, profundamente convencidos de que no solamente un nuevo país sino también una nueva Universidad es posible y necesaria, estudiantes de distintos orígenes y pensamientos, pero con el mismo compromiso ético y republicano, conformamos la Coalición Cívica Universitaria (CCU), proclamando las ideas y principios que se enuncian a continuación:
La educación pública, gratuita y laica forma parte de una reivindicación histórica de los sectores verdaderamente progresistas de la vida política nacional. Consideramos que esto no debe constituir una proclama política vacía sino que es parte de una forma de ver la vida pública y el desarrollo cultural y social de nuestro pueblo. Que el Estado brinde la mejor educación para construir futuro y distribuir la riqueza que brinda el conocimiento y la dignidad, es una obligación que tiene para con los componentes de la sociedad, quienes podrán ejercer la libertad necesaria para decidir en qué ámbito y bajo qué cánones educarse. Lo que nunca puede ocurrir es que haya personas que no puedan acceder a la educación de ninguna forma, y en este aspecto será, seguramente, la educación pública la encargada de salir al rescate.
Reivindicamos desde la CCU el rol revolucionario que cumple la educación pública en materia de formación cultural de los pueblos, a la par que defendemos su gratuidad y el rechazo a cualquier tipo de arancelamiento de la educación, porque el conocimiento es una de las formas más eficaces para construir y garantizar la libertad de las personas.
A la par, consideramos clave defender la concepción que indica que la educación debe ser pensada como la más importante de las inversiones a desarrollarse desde el Estado. Desde la CCU reivindicamos la necesidad de trabajar por dotar a todo el sistema educativo y universitario de los recursos económicos necesarios para obtener un funcionamiento de excelencia. Paralelamente, y en complemento, debemos fijar otro principio: el reclamo por recursos debe estar acompañado por una fuerte postura en favor de la transparencia en el manejo de fondos públicos. La CCU considera que es el Estado el responsable de erigirse en principal fuente de financiamiento de las Universidades. Y en caso de buscarse medios alternativos de financiamiento, son inaceptables todos aquellos en donde no se cumplan los mecanismos que acrediten la debida transparencia. Conocer el origen de los fondos es garantía para todo administrador, y también obliga a proceder de manera transparente en cualquier decisión financiera que se tome. Por ello, desde la CCU no solamente exigimos al Estado una política de financiamiento educativo seria, que implique un mayor presupuesto educativo; también consideramos necesario exigir a los funcionarios universitarios la mayor transparencia a la hora de administrar recursos, respetando todos los mecanismos de control establecidos dentro del sistema de autonomía y desarrollando nuevos dispositivos que optimicen ese necesario control. Sólo de esta manera podremos conseguir que los recursos públicos lleguen a los lugares necesarios.
Creemos que las Universidades constituyen un pilar indispensable en lo que hace a la formación y educación de la sociedad, permitiendo el crecimiento y desarrollo que necesitamos como pueblo. Desde la Universidad es preciso trabajar para fortalecer las instituciones internas como parte de nuestro compromiso por democratizarla aún más. Defender las instituciones a partir del principio democrático, sostener sus estandartes fundacionales, dotarla de un criterio de funcionalidad por el cual cada miembro del todo colabora desde su lugar en permanente interacción con los demás actores universitarios, constituyen aspectos fundamentales para lograr una Universidad fuerte y en crecimiento. También creemos que fortalece y ayuda el compromiso por conocer los problemas que pueden existir, y las posibles disfuncionalidades que, por distintas causas, impidan el fortalecimiento que buscamos. Asimismo, reconocemos la necesidad de transformación de los instrumentos rectores que no logren una representación democrática, ya que pensamos que las instituciones también se fortalecen cuando sus leyes y estatutos se reforman de manera acorde a lo que necesita su vida y su funcionamiento.
Consideramos indispensable la aplicación de los principios de transparencia en la toma de decisiones por parte de las autoridades, y su obligación de responder por ellas ante todos los componentes de la vida universitaria. Es necesario fortalecer los sistemas de control y pluralismo por los cuales las minorías pueden controlar las decisiones de las circunstanciales mayorías, y participar en la toma de las mismas. Garantizar honestidad en cualquier ámbito universitario es también un elemento indispensable para el fortalecimiento institucional.
A la par, desde la CCU nos manifestamos a favor de una concepción universitaria pública, gratuita, crítica y al servicio de las necesidades sociales. En este sentido, estamos por la efectivización del mandato de co-gobierno para la Universidad, que simboliza el triunfo de la concepción democrática por sobre otros pensamientos elitistas, corporativistas y burocráticos. Creemos que el conocimiento no puede ser elemento de poder y opresión, y por eso debemos repensar un modelo de conocimiento que sea dinámico y en el cual los graduados continúan formándose, los estudiantes educan desde la crítica y la reflexión, y los docentes también pueden aprender tomando en ciertos momentos el rol del alumno; los trabajadores no docentes, por su parte, como sostén fundamental de esta estructura, merecen una participación mayor en el proceso de toma de decisiones. De esta manera, consideramos que lo peor que puede ocurrir es permitir que impere la absurda lógica del enfrentamiento de bloques, por el cual cada sector, de acuerdo a la actual composición, adopta una actitud corporativa en el sentido negativo, se enfrenta al otro, en lugar de trabajar de manera mancomunada por el desarrollo de la Universidad y su evolución en todos los aspectos. Por eso, es necesario realizar las reformas legales y estatutarias que sean precisas para dotar a todos los sectores que participan de la vida universitaria de una mayor y cabal representación, que refuerce la democracia universitaria y signifique la inclusión de todos los actores, por medio de sus representantes, en los procesos del gobierno universitario.
También, sostenemos la necesidad de lograr un nivel de excelencia educativa que ponga a la Universidad a la vanguardia dentro de nuestro sistema educativo nacional. Creemos que para eso no solamente es necesario dar la batalla por mejores salarios, y más recursos materiales; también es preciso trabajar en el campo de la selección y capacitación docente, en la reformulación de los programas de estudio, en la reestructuración de los métodos de enseñanza, en la absorción y respuesta a las necesidades de los alumnos; todo lo cual debe necesariamente redundar en un fortalecimiento de la formación del alumno a lo largo de la carrera. La interacción, el ida y vuelta entre el docente y el alumno, es una garantía de desarrollo del proceso de aprendizaje; ello se consigue formando docentes comprometidos en su labor, y decididos a prestigiar el lugar que ocupan, dotando a la carrera en cuestión de los contenidos necesarios para adquirir una sólida formación, dejando de lado métodos de enseñanza vetustos y autoritarios y dando lugar a que el conocimiento ingrese en el alumno de manera libre y natural; haciendo saber desde la Universidad al alumno que es parte vital de ésta, y que será valorado como lo que representa: alguien que ha confiado en una entidad pública para formarse y vivir merced a lo aprendido en su interior. Todo esto hará que el alumno valore debidamente el lugar que ocupa, y asuma el indispensable compromiso de madurez y responsabilidad que también le toca.
De la mano de nuestra reivindicación de una Universidad de excelencia, desde la CCU proclamamos la necesidad de optimizar y transparentar el sistema de concursos para cargos docentes, como el más adecuado a fin de garantizar que los puestos docentes en la Facultad sean cubiertos por las personas más idóneas y que garanticen la mejor enseñanza. No adherimos a la consolidación de un sistema elitista donde se designe a modo arbitrario; deseamos que los concursos se desarrollen en su auténtica dimensión, que es la de permitir que quienes más méritos tienen, por esfuerzo, capacidad, responsabilidad y dedicación, alcancen los lugares que se merecen, siendo evaluados de manera imparcial, justa y sin la influencia de los siempre nefastos amiguismos o prejuicios de cualquier tipo. Sólo de esta manera conseguiremos que la ocupación de los cargos docentes, y sus consecuentes reemplazos cuando se precisen, se den en un marco de verdadera transparencia y equidad. A la vez, reclamamos que cualquier designación en cargo público, sea docente o no, se desarrolle de la manera establecida en las normas pertinentes y no de forma irregular. La distribución de cargos debe ser justa no sólo en lo sustancial – la capacidad y los merecimientos – sino también, por supuesto, en lo que hace a la forma.
Por otra parte, creemos que en los últimos tiempos, se ha desnaturalizado completamente el rol que el profesional universitario debe tener en una República democrática-social, en la cual la educación pública es el baluarte que debe garantizar un futuro con libertad, igualdad y dignidad. Estudiar, formarse, y obtener un título universitario no puede significar únicamente una empresa destinada a lograr una posición mediante la cual se pueda hacer dinero y progresar materialmente. Desde la Universidad, debe trabajarse en la necesaria formación para que todos quienes pasan por ella sepan que la elección de una profesión no es solamente el medio para lograr el necesario sustento en la vida, sino que también implica un compromiso con la sociedad. Porque el profesional desde su lugar, desde su diaria tarea, puede y debe colaborar en el desarrollo no sólo material sino también cultural y moral del medio del que forma parte activa. Un profesional que está solamente interesado en sí mismo y en su propio bienestar, al estilo del avestruz, olvida que obtuvo su formación a partir del esfuerzo de muchos otros, y que esa misma sociedad de la que es parte, necesita un compromiso social importante.
En cuanto al título que acredita la condición de profesional y garantiza su ejercicio, debe ser revalorizado en consonancia con su auténtico peso y significación. Un título simboliza el esfuerzo, la dedicación, y el triunfo de quien dedicó largos años a la construcción de un futuro para sí mismo y al mismo tiempo para toda la sociedad. Debemos devolver al título de grado el valor que nunca debió perder, y para eso es necesario mejorar la calidad educativa en todos los ámbitos, fortaleciendo las instituciones, trabajando por alcanzar la excelencia académica, logrando que el título simbolice no un mero trámite sino una sólida formación académica y humana que represente a quien lo ostenta no solamente en lo profesional sino también en cualquier otra actividad que desarrolle.
Es preciso también hacer una referencia al Centro de Estudiantes, como organismo representativo de los intereses estudiantiles. Proclamamos que debe volver a representar la voz, las demandas, las necesidades y las posturas de los estudiantes de la Facultad ante todos los temas de importancia y actualidad universitaria.
No somos los primeros en enarbolar estas banderas y seguramente, esperamos, tampoco seremos los últimos. Sin embargo, hemos tomado la firme decisión de no quedarnos en la simple enunciación de estos principios, sino que estamos determinados a lograr su efectivo cumplimiento. La República que queremos construir necesita de una Universidad fuerte, transformadora, democrática y auténticamente republicana y plural, donde nosotros, los estudiantes, debemos ser protagonistas en la hora del cambio. Tenemos la oportunidad y la fuerza necesarias para emprender este rumbo, y convocamos a todos los actores universitarios que se identifiquen con estas máximas, y tengan una sana voluntad de participación cívica, a sumarse a la Coalición Cívica Universitaria, espacio de ciudadanía en la Universidad.
Consideramos que la educación es el cimiento fundamental para desarrollar los invaluables conceptos de libertad e inclusión social. Todas las personas tienen derecho a recibir una educación pública, laica y gratuita, a conocer, a tener una formación que les permita valerse por sí mismos que los proteja de la manipulación y la prepotencia del poder. Es indispensable avanzar en la equitativa distribución del conocimiento: porque distribuir educación es también, sin dudas, distribuir riqueza.
Creemos en el papel de las Universidades como instituciones que exceden lo meramente educativo y pasan a ser transformadoras de la realidad social de nuestra Nación. Por eso defendemos una política educativa donde la distribución del conocimiento a partir del esquema de libertad de elección, la adecuada inversión, la transparencia, junto con la investigación y la capacitación docente, y la plena democracia en el co - gobierno universitario, constituyan los pilares de un nuevo paradigma cultural en materia de educación.
Educar es incluir, es también aprender, y es sin dudas enseñar para construir y consolidar la República. Y la República se consolida con transparencia y decencia a la hora de administrarla y gobernarla, y lo mismo ocurre con la Universidad.
Por eso, profundamente convencidos de que no solamente un nuevo país sino también una nueva Universidad es posible y necesaria, estudiantes de distintos orígenes y pensamientos, pero con el mismo compromiso ético y republicano, conformamos la Coalición Cívica Universitaria (CCU), proclamando las ideas y principios que se enuncian a continuación:
La educación pública, gratuita y laica forma parte de una reivindicación histórica de los sectores verdaderamente progresistas de la vida política nacional. Consideramos que esto no debe constituir una proclama política vacía sino que es parte de una forma de ver la vida pública y el desarrollo cultural y social de nuestro pueblo. Que el Estado brinde la mejor educación para construir futuro y distribuir la riqueza que brinda el conocimiento y la dignidad, es una obligación que tiene para con los componentes de la sociedad, quienes podrán ejercer la libertad necesaria para decidir en qué ámbito y bajo qué cánones educarse. Lo que nunca puede ocurrir es que haya personas que no puedan acceder a la educación de ninguna forma, y en este aspecto será, seguramente, la educación pública la encargada de salir al rescate.
Reivindicamos desde la CCU el rol revolucionario que cumple la educación pública en materia de formación cultural de los pueblos, a la par que defendemos su gratuidad y el rechazo a cualquier tipo de arancelamiento de la educación, porque el conocimiento es una de las formas más eficaces para construir y garantizar la libertad de las personas.
A la par, consideramos clave defender la concepción que indica que la educación debe ser pensada como la más importante de las inversiones a desarrollarse desde el Estado. Desde la CCU reivindicamos la necesidad de trabajar por dotar a todo el sistema educativo y universitario de los recursos económicos necesarios para obtener un funcionamiento de excelencia. Paralelamente, y en complemento, debemos fijar otro principio: el reclamo por recursos debe estar acompañado por una fuerte postura en favor de la transparencia en el manejo de fondos públicos. La CCU considera que es el Estado el responsable de erigirse en principal fuente de financiamiento de las Universidades. Y en caso de buscarse medios alternativos de financiamiento, son inaceptables todos aquellos en donde no se cumplan los mecanismos que acrediten la debida transparencia. Conocer el origen de los fondos es garantía para todo administrador, y también obliga a proceder de manera transparente en cualquier decisión financiera que se tome. Por ello, desde la CCU no solamente exigimos al Estado una política de financiamiento educativo seria, que implique un mayor presupuesto educativo; también consideramos necesario exigir a los funcionarios universitarios la mayor transparencia a la hora de administrar recursos, respetando todos los mecanismos de control establecidos dentro del sistema de autonomía y desarrollando nuevos dispositivos que optimicen ese necesario control. Sólo de esta manera podremos conseguir que los recursos públicos lleguen a los lugares necesarios.
Creemos que las Universidades constituyen un pilar indispensable en lo que hace a la formación y educación de la sociedad, permitiendo el crecimiento y desarrollo que necesitamos como pueblo. Desde la Universidad es preciso trabajar para fortalecer las instituciones internas como parte de nuestro compromiso por democratizarla aún más. Defender las instituciones a partir del principio democrático, sostener sus estandartes fundacionales, dotarla de un criterio de funcionalidad por el cual cada miembro del todo colabora desde su lugar en permanente interacción con los demás actores universitarios, constituyen aspectos fundamentales para lograr una Universidad fuerte y en crecimiento. También creemos que fortalece y ayuda el compromiso por conocer los problemas que pueden existir, y las posibles disfuncionalidades que, por distintas causas, impidan el fortalecimiento que buscamos. Asimismo, reconocemos la necesidad de transformación de los instrumentos rectores que no logren una representación democrática, ya que pensamos que las instituciones también se fortalecen cuando sus leyes y estatutos se reforman de manera acorde a lo que necesita su vida y su funcionamiento.
Consideramos indispensable la aplicación de los principios de transparencia en la toma de decisiones por parte de las autoridades, y su obligación de responder por ellas ante todos los componentes de la vida universitaria. Es necesario fortalecer los sistemas de control y pluralismo por los cuales las minorías pueden controlar las decisiones de las circunstanciales mayorías, y participar en la toma de las mismas. Garantizar honestidad en cualquier ámbito universitario es también un elemento indispensable para el fortalecimiento institucional.
A la par, desde la CCU nos manifestamos a favor de una concepción universitaria pública, gratuita, crítica y al servicio de las necesidades sociales. En este sentido, estamos por la efectivización del mandato de co-gobierno para la Universidad, que simboliza el triunfo de la concepción democrática por sobre otros pensamientos elitistas, corporativistas y burocráticos. Creemos que el conocimiento no puede ser elemento de poder y opresión, y por eso debemos repensar un modelo de conocimiento que sea dinámico y en el cual los graduados continúan formándose, los estudiantes educan desde la crítica y la reflexión, y los docentes también pueden aprender tomando en ciertos momentos el rol del alumno; los trabajadores no docentes, por su parte, como sostén fundamental de esta estructura, merecen una participación mayor en el proceso de toma de decisiones. De esta manera, consideramos que lo peor que puede ocurrir es permitir que impere la absurda lógica del enfrentamiento de bloques, por el cual cada sector, de acuerdo a la actual composición, adopta una actitud corporativa en el sentido negativo, se enfrenta al otro, en lugar de trabajar de manera mancomunada por el desarrollo de la Universidad y su evolución en todos los aspectos. Por eso, es necesario realizar las reformas legales y estatutarias que sean precisas para dotar a todos los sectores que participan de la vida universitaria de una mayor y cabal representación, que refuerce la democracia universitaria y signifique la inclusión de todos los actores, por medio de sus representantes, en los procesos del gobierno universitario.
También, sostenemos la necesidad de lograr un nivel de excelencia educativa que ponga a la Universidad a la vanguardia dentro de nuestro sistema educativo nacional. Creemos que para eso no solamente es necesario dar la batalla por mejores salarios, y más recursos materiales; también es preciso trabajar en el campo de la selección y capacitación docente, en la reformulación de los programas de estudio, en la reestructuración de los métodos de enseñanza, en la absorción y respuesta a las necesidades de los alumnos; todo lo cual debe necesariamente redundar en un fortalecimiento de la formación del alumno a lo largo de la carrera. La interacción, el ida y vuelta entre el docente y el alumno, es una garantía de desarrollo del proceso de aprendizaje; ello se consigue formando docentes comprometidos en su labor, y decididos a prestigiar el lugar que ocupan, dotando a la carrera en cuestión de los contenidos necesarios para adquirir una sólida formación, dejando de lado métodos de enseñanza vetustos y autoritarios y dando lugar a que el conocimiento ingrese en el alumno de manera libre y natural; haciendo saber desde la Universidad al alumno que es parte vital de ésta, y que será valorado como lo que representa: alguien que ha confiado en una entidad pública para formarse y vivir merced a lo aprendido en su interior. Todo esto hará que el alumno valore debidamente el lugar que ocupa, y asuma el indispensable compromiso de madurez y responsabilidad que también le toca.
De la mano de nuestra reivindicación de una Universidad de excelencia, desde la CCU proclamamos la necesidad de optimizar y transparentar el sistema de concursos para cargos docentes, como el más adecuado a fin de garantizar que los puestos docentes en la Facultad sean cubiertos por las personas más idóneas y que garanticen la mejor enseñanza. No adherimos a la consolidación de un sistema elitista donde se designe a modo arbitrario; deseamos que los concursos se desarrollen en su auténtica dimensión, que es la de permitir que quienes más méritos tienen, por esfuerzo, capacidad, responsabilidad y dedicación, alcancen los lugares que se merecen, siendo evaluados de manera imparcial, justa y sin la influencia de los siempre nefastos amiguismos o prejuicios de cualquier tipo. Sólo de esta manera conseguiremos que la ocupación de los cargos docentes, y sus consecuentes reemplazos cuando se precisen, se den en un marco de verdadera transparencia y equidad. A la vez, reclamamos que cualquier designación en cargo público, sea docente o no, se desarrolle de la manera establecida en las normas pertinentes y no de forma irregular. La distribución de cargos debe ser justa no sólo en lo sustancial – la capacidad y los merecimientos – sino también, por supuesto, en lo que hace a la forma.
Por otra parte, creemos que en los últimos tiempos, se ha desnaturalizado completamente el rol que el profesional universitario debe tener en una República democrática-social, en la cual la educación pública es el baluarte que debe garantizar un futuro con libertad, igualdad y dignidad. Estudiar, formarse, y obtener un título universitario no puede significar únicamente una empresa destinada a lograr una posición mediante la cual se pueda hacer dinero y progresar materialmente. Desde la Universidad, debe trabajarse en la necesaria formación para que todos quienes pasan por ella sepan que la elección de una profesión no es solamente el medio para lograr el necesario sustento en la vida, sino que también implica un compromiso con la sociedad. Porque el profesional desde su lugar, desde su diaria tarea, puede y debe colaborar en el desarrollo no sólo material sino también cultural y moral del medio del que forma parte activa. Un profesional que está solamente interesado en sí mismo y en su propio bienestar, al estilo del avestruz, olvida que obtuvo su formación a partir del esfuerzo de muchos otros, y que esa misma sociedad de la que es parte, necesita un compromiso social importante.
En cuanto al título que acredita la condición de profesional y garantiza su ejercicio, debe ser revalorizado en consonancia con su auténtico peso y significación. Un título simboliza el esfuerzo, la dedicación, y el triunfo de quien dedicó largos años a la construcción de un futuro para sí mismo y al mismo tiempo para toda la sociedad. Debemos devolver al título de grado el valor que nunca debió perder, y para eso es necesario mejorar la calidad educativa en todos los ámbitos, fortaleciendo las instituciones, trabajando por alcanzar la excelencia académica, logrando que el título simbolice no un mero trámite sino una sólida formación académica y humana que represente a quien lo ostenta no solamente en lo profesional sino también en cualquier otra actividad que desarrolle.
Es preciso también hacer una referencia al Centro de Estudiantes, como organismo representativo de los intereses estudiantiles. Proclamamos que debe volver a representar la voz, las demandas, las necesidades y las posturas de los estudiantes de la Facultad ante todos los temas de importancia y actualidad universitaria.
No somos los primeros en enarbolar estas banderas y seguramente, esperamos, tampoco seremos los últimos. Sin embargo, hemos tomado la firme decisión de no quedarnos en la simple enunciación de estos principios, sino que estamos determinados a lograr su efectivo cumplimiento. La República que queremos construir necesita de una Universidad fuerte, transformadora, democrática y auténticamente republicana y plural, donde nosotros, los estudiantes, debemos ser protagonistas en la hora del cambio. Tenemos la oportunidad y la fuerza necesarias para emprender este rumbo, y convocamos a todos los actores universitarios que se identifiquen con estas máximas, y tengan una sana voluntad de participación cívica, a sumarse a la Coalición Cívica Universitaria, espacio de ciudadanía en la Universidad.